El Parlamento de El Salvador, dominado por el partido gobernante, sancionó una enmienda a la Constitución que permite la reelección continua del presidente, alarga el periodo presidencial de cinco a seis años y suprime la segunda vuelta electoral. La medida fue promovida por el partido del mandatario Nayib Bukele y obtuvo el apoyo de 57 de los 60 legisladores, en una votación llevada a cabo sin discusión previa y en un proceso expedito.
La reforma modifica los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la disposición que prohibía la reelección inmediata del presidente, lo que permitirá a Bukele postularse para un nuevo período de forma indefinida. Además, se suprime la segunda vuelta electoral, lo que implica que el candidato que obtenga la mayoría de votos, aunque no sea absoluta, será proclamado presidente. Asimismo, se estipula que el próximo mandato presidencial será de seis años en lugar de cinco, como establece actualmente la Constitución.
Un artículo transitorio incluido en el paquete de reformas adelanta las elecciones presidenciales para 2027, acortando el mandato actual de Bukele. Con esto, el oficialismo busca consolidar su control político, facilitando una eventual nueva postulación del mandatario antes de lo previsto.
Desde el gobierno se afirmó que la modificación refuerza la democracia al permitir que los salvadoreños tengan la opción de volver a elegir a sus líderes sin limitaciones. Parlamentarios cercanos al Ejecutivo indicaron que la reelección ilimitada ya es una realidad en otros ámbitos del gobierno, como en municipios o escaños legislativos, y que este ajuste solamente amplía esa opción al puesto presidencial.
Sin embargo, la reforma ha generado un amplio rechazo por parte de sectores de la oposición, organizaciones de derechos humanos y analistas políticos, que consideran que se trata de un paso hacia la consolidación de un modelo autoritario. Críticos advierten que eliminar los límites a la reelección sin un proceso amplio de deliberación y sin consultar a la ciudadanía representa una regresión democrática.
Voces opositoras señalaron que la aprobación de la reforma sin discusión pública ni mecanismos participativos vulnera principios fundamentales del Estado de derecho. También se denunció la falta de transparencia en el procedimiento y la concentración de poder en el Ejecutivo, que ya cuenta con amplio dominio sobre el Legislativo y el Judicial.
Desde 2021, cuando el Congreso destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, se ha denunciado una erosión sistemática de los contrapesos institucionales en El Salvador. La sentencia posterior de la nueva Corte Suprema que habilitó la reelección inmediata fue vista como parte de esa misma tendencia.
El respaldo de la comunidad internacional ha sido dispar. Algunos gobiernos han expresado su preocupación por la deriva autoritaria en El Salvador, mientras que otros han manifestado su respeto a las decisiones soberanas del país, reconociendo que las reformas fueron aprobadas por una Asamblea elegida democráticamente.
Organismos internacionales como Human Rights Watch y otras entidades defensoras de la democracia alertaron sobre los riesgos que conlleva la reelección indefinida, recordando experiencias similares en otras naciones latinoamericanas donde este tipo de reformas derivaron en crisis institucionales y pérdida de libertades civiles.
A pesar de que el presidente Bukele no ha anunciado oficialmente su intención de buscar un nuevo mandato, la reforma abre claramente esa posibilidad. Su popularidad, cimentada en una política de seguridad que ha reducido drásticamente los niveles de violencia mediante medidas excepcionales, como el estado de excepción prolongado, lo posiciona favorablemente ante el electorado.
No obstante, han sido habituales las acusaciones de violaciones de derechos humanos, arrestos arbitrarios y limitaciones a la prensa independiente. La implementación de esta reforma, en un contexto donde el poder está altamente centralizado, incrementa el temor de que El Salvador se encamine hacia un modelo de gobierno con limitados controles y escasas garantías democráticas.
La modificación constitucional todavía necesita una segunda ratificación por parte del legislativo en la siguiente legislatura para entrar en plena vigencia, tal como lo estipula la propia Carta Magna. Sin embargo, considerando la actual conformación del Congreso y el apoyo político del que goza el presidente, es probable que esta segunda ratificación se logre sin dificultades significativas.
El cambio en el sistema político salvadoreño con esta reforma representa un momento crucial para la nación, cuyo futuro estará determinado en gran parte por la manera en que se apliquen estas modificaciones y por la habilidad de los agentes democráticos para organizar una respuesta institucional que mantenga el equilibrio de poderes y los principios constitucionales.
