En un reciente episodio del conflicto territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, el Gobierno de Venezuela entregó este lunes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un documento con “evidencias adicionales” respecto a su demanda de soberanía sobre la región, un área abundante en petróleo y recursos naturales. No obstante, el Gobierno venezolano ha reafirmado que no acepta la jurisdicción de la CIJ y que no cumplirá con ninguna decisión que pronuncie el tribunal internacional sobre este tema.
En su declaración oficial, el Gobierno de Venezuela reiteró su posición de que el Acuerdo de Ginebra de 1966 solucionó finalmente el conflicto sobre el laudo arbitral de 1899, el cual había fijado las fronteras entre Venezuela y la antigua Guayana Británica, ahora conocida como Guyana. Según Caracas, este acuerdo es el único marco jurídico que compromete a ambos países a encontrar una resolución al desacuerdo, la cual debe lograrse mediante un acuerdo satisfactorio para ambas partes, fuera del contexto del tribunal internacional.
La posición de Venezuela sobre la CIJ
Venezuela ha mantenido su exigencia sobre el Esequibo durante muchos años y ha puesto en duda la validez de la demanda presentada por Guyana ante la CIJ. Considera que el procedimiento iniciado en 2018 por su país vecino es un «proceso judicial engañoso». Por otro lado, Guyana recurrió a la Corte Internacional para obtener un fallo sobre los límites territoriales y que se ratifique el laudo arbitral. Argumenta que esta resolución debería ser obligatoria para ambas naciones conforme a las normas internacionales.
El Gobierno venezolano, sin embargo, aclaró que la presentación de nuevos documentos ante la CIJ no implica un reconocimiento de la jurisdicción de la Corte ni una aceptación de la posible decisión que esta pueda emitir. El caso sigue pendiente, y las tensiones entre ambos países continúan en aumento, especialmente en un contexto en el que la situación territorial sigue siendo un tema delicado en la diplomacia de América Latina.
El plebiscito y la formación del Estado de Guayana Esequiba
A finales de 2023, el Gobierno venezolano realizó un referéndum como expresión de su posición sobre la región del Esequibo. En esta consulta, se preguntó a la ciudadanía si respaldaban la formación de un nuevo estado venezolano en dicha área. El referéndum consideraba la opción de conceder la nacionalidad venezolana a los residentes del Esequibo y, además, “añadir ese estado al mapa territorial de Venezuela”. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, los resultados reflejaron un fuerte respaldo del pueblo a la propuesta.
Este plebiscito ha sido descrito por Guyana como un «peligro para su existencia» y un avance hacia la anexión de esa área. Los funcionarios en Georgetown han manifestado su rotunda oposición a estos movimientos, viéndolos como una transgresión a la soberanía de Guyana. Desde la perspectiva de Guyana, el conflicto respecto al Esequibo se resolvió según el Convenio de Ginebra, y las medidas de Venezuela se perciben como una interpretación incorrecta de ese convenio.
La reacción de Guyana y la posición de la CIJ
Guyana, que supervisa el territorio en conflicto, ha confirmado que el Acuerdo de Ginebra de 1966 no impide la competencia de la CIJ sobre el asunto, y que la Corte posee la facultad de solucionar el desacuerdo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana subrayó que la intervención de Venezuela ante la CIJ permitirá a la Corte disponer de todos los argumentos, tanto de hecho como de derecho, presentados por las partes concernientes para tomar una decisión definitiva. El gobierno de Guyana ha afirmado que cualquier veredicto de la CIJ será obligatorio e indiscutible, reiterando su posición de que el tribunal internacional tiene la última palabra en estas disputas sobre territorio.
El caso sigue pendiente en la Corte Internacional de Justicia, donde se espera que se emita un fallo sobre la disputa en el futuro cercano. No obstante, las tensiones políticas entre Venezuela y Guyana parecen continuar intensificándose, mientras ambas naciones afirman tener la razón en cuanto a su reclamación sobre el territorio.
La creación del Estado de Guayana Esequiba y sus implicaciones políticas
En 2024, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley para la creación del Estado de Guayana Esequiba, lo que representó un nuevo paso en la estrategia de Venezuela para fortalecer su reclamación sobre la región. Como parte de esta iniciativa, en las elecciones de 2025, se eligió por primera vez un gobernador y legisladores para dicho estado. Esta acción, junto con la reciente consulta popular, refleja el firme compromiso del Gobierno venezolano con la incorporación del Esequibo a su territorio.
Por otro lado, la situación ha generado creciente preocupación en Guyana y en la comunidad internacional, ya que las acciones de Venezuela podrían escalar la tensión en la región. En este contexto, la postura del gobierno de Trump en Estados Unidos podría influir en el desarrollo de la situación, dado su interés en la estabilidad política y económica de América Latina.
El porvenir del conflicto sobre territorio
El desacuerdo sobre el Esequibo sigue siendo un asunto clave en las relaciones entre Venezuela y Guyana, y su solución aún parece lejana. Mientras el caso avanza en la Corte Internacional de Justicia, las autoridades de ambos países se alistan para lo que podría convertirse en un enfrentamiento diplomático extendido.
La disputa no solo afecta a las dos naciones involucradas, sino que también tiene implicaciones regionales, especialmente en cuanto a la explotación de recursos naturales en el Esequibo, que es una zona rica en petróleo y minerales. La situación también ha resaltado la importancia de los mecanismos de resolución de conflictos internacionales y la necesidad de un enfoque diplomático y legal para resolver disputas territoriales en un contexto global cada vez más interconectado.
Durante este tiempo, tanto Venezuela como Guyana permanecen firmes en sus respectivos puntos de vista, y el futuro del Esequibo sigue siendo un tema de gran importancia en la política de América Latina.
