La Asamblea Legislativa de El Salvador dio su visto bueno este jueves a una enmienda constitucional que autoriza la reelección ilimitada del presidente. Con 57 votos a favor y 3 en contra, los legisladores aprobaron un cambio histórico, abriendo la posibilidad para que el actual presidente, Nayib Bukele, se presente nuevamente en 2029 si así lo desea. Esta enmienda transforma de manera importante el escenario político del país al permitir que un presidente pueda contender por tantos periodos como quiera, siempre que cuente con el apoyo del electorado en las urnas.
El cambio contempla aumentar el mandato presidencial de cinco a seis años, permitiendo que los electores decidan tanto al inicio como a la mitad del periodo si otorgan el control de la Asamblea Legislativa. Este control es esencial, pues es mediante la Asamblea que se seleccionan funcionarios de segundo grado y se aprueban o modifican leyes.
Reformas que modifican el proceso electoral y su implicación en las futuras elecciones
Además de la reelección indefinida, los diputados también aprobaron la reducción del mandato actual de Bukele de 2029 a 2027. Esta medida busca sincronizar las elecciones presidenciales con las de los diputados, permitiendo que ambas votaciones se realicen en el mismo año, lo que facilitaría la participación de la población.
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del partido oficialista Nuevas Ideas, destacó que el poder reside en el pueblo y que la decisión final sobre la reelección debe ser tomada por los salvadoreños a través de su voto. Sin embargo, a pesar de la aprobación de estas reformas, Bukele no ha confirmado si buscará un tercer mandato. En una entrevista en junio de 2024, Bukele había mencionado que no aspiraría a la reelección, basándose en el marco constitucional y un acuerdo personal con su esposa.
Modificación en el sistema electoral y la eliminación de la segunda vuelta presidencial
Los legisladores también eliminaron la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Ahora, la fórmula presidencial que obtenga el mayor número de votos válidos en la primera vuelta será la ganadora. Anteriormente, la Constitución requería que un candidato presidencial ganara con al menos el 50 % más uno de los votos válidos para obtener la presidencia en la primera vuelta.
Esta alteración fue apoyada por los legisladores de Nuevas Ideas, quienes argumentaron que la enmienda traería ahorros significativos para el Estado. Unas horas más tarde, durante otra sesión plenaria, los congresistas confirmaron el pacto de modificación constitucional, declarando que esta fecha señalaría un cambio trascendental para El Salvador.
Reacciones de la oposición ante la aprobación de la reforma
La oposición ha criticado duramente la reforma, argumentando que esta modificación podría empujar al país hacia un régimen autoritario. Marcela Villatoro, legisladora del partido conservador Arena, afirmó que con la aceptación de esta reforma “la democracia en El Salvador ha desaparecido”, acusando al gobierno de fomentar la instauración de una dictadura. Mientras tanto, Manuel Flores, líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), indicó que las reformas representaban un intento del gobierno por aferrarse al poder de manera indefinida, ante el miedo de perder las elecciones venideras.
Claudia Ortiz, perteneciente a Vamos, igualmente criticó las reformas, describiéndolas como un esfuerzo por mantener el poder en manos de un partido único en lugar de devolverlo a la ciudadanía. Según Ortiz, las reformas contravienen el artículo 88 de la Constitución, que señala que la rotación en el poder es fundamental para preservar el sistema político del país.
Rechazo de la sociedad civil ante la reforma de reelección indefinida
La entidad Acción Ciudadana se ha pronunciado igualmente en oposición a la reforma, argumentando que la posibilidad de reelección sin límite termina con la vía electoral como un mecanismo para la alternancia democrática. De acuerdo con Acción Ciudadana, esta acción podría traer efectos perjudiciales para la estabilidad democrática y el equilibrio de poder en el país.
